El 9 de noviembre de 2023, el Pleno de la Corte Constitucional (C.C ) emitió su sentencia dentro de la causa 51-23-IN, respecto de la acción pública de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo número 754 de 31 de mayo de 2023 mediante el cual se realizaban reformas referentes a la consulta ambiental en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (el “Decreto”). La Corte decidió la inconstitucionalidad del Decreto pues “transgrede el principio de reserva de ley”.

La C.C. expidió su auto de aclaración y ampliación a la Sentencia ante el pedido del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sobre 5 puntos. La C.C. solamente aceptó una solicitud de aclaración y negó las demás.

Sobre el único punto que aceptó aclarar la Corte indicó que “hasta que se emita la Ley de Consulta Previa correspondiente, cuando los proyectos que afecten a los pueblos indígenas sean ejecutados, contratados o concesionados por entidades estatales, esas mismas entidades estatales serán las responsables de ejecutar, desde la planificación de dicho proyecto, la consulta previa. Mientras que, cuando los proyectos que afecten a los pueblos indígenas sean ejecutados por entidades privadas de manera autónoma, los ministerios del ramo de cuyo tema se trate el proyecto serán los responsables de la ejecución de los procesos de consulta previa, desde la planificación de dicho proyecto”.  

También agregó que “la autoridad ambiental nacional estará a cargo de verificar la realización de la consulta previa, como requisito para entregar las licencias, registros o permisos que el proyecto requiera”.

Adicionalmente, la C.C. confirmó que “la sentencia de la causa estableció claramente que la ejecución de la consulta ambiental deberá estar a cargo de la autoridad ambiental y que esta última no podrá delegar la responsabilidad de la ejecución al operador del proyecto. Además, la sentencia concretamente prohibió que se delegue a dicho operador: (i) el financiamiento y (ii) la provisión de insumos”.

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