En el año 2019, la empresa estadounidense Worley International Services Inc. (Worley) inició un proceso arbitral en contra de la República del Ecuador al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (TBI), por una supuesta violación a los estándares de protección del TBI con respecto a la inversión de Worley.

La disputa surgió por: (i) la falta de pago de los valores derivados de los contratos suscritos para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas con EP Petroecuador y con la Compañía de Economía Mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP: (ii) por haberse iniciado una supuesta campaña de acoso en su contra por la Contraloría General del Estado del Ecuador; y (iii) por habérsele determinado obligaciones tributarias supuestamente injustificadas.

En diciembre de 2023, el Tribunal emitió el laudo final y resolvió desestimar las pretensiones de Worley, entre otros, por haberse determinado que existieron actos de corrupción o ilegalidades graves que afectaron la inversión de Worley desde su origen hasta que llegó la inversión al Ecuador, por lo que el tribunal consideró que no se trataba de una inversión protegida bajo el TBI.

En el laudo el tribunal señaló que “Las inversiones contaminadas por la corrupción nunca podrán curarse” y por lo tanto, resolvió desestimar las reclamaciones de Worley “[…] por tres motivos independientes: (i) la existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe que afecta a las piezas centrales de la inversión de la Demandante desde su inicio, privando al Tribunal de jurisdicción; (ii) la corrupción de la Demandante durante la operación de su inversión, haciendo que las reclamaciones de la Demandante sean inadmisibles según la mayoría del Tribunal o desestimadas según el Árbitro Stern; y (iii) la ceguera voluntaria de la Demandante frente a la corrupción de Tecnazul durante la explotación de la inversión de la Demandante, que hace que las reclamaciones de la Demandante sean inadmisibles según la mayoría del Tribunal o desestimadas según la Árbitra Stern.”

Finalmente, el tribunal resolvió desestimar los reclamos de Worley y ordenó a la compañía estadounidense que reembolse la suma de US$ 6.048.471,01 al Ecuador por concepto de costos del arbitraje, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia por no tratarse de una inversión protegida.