Ecuador atraviesa una crisis de violencia sin precedentes, con tasas de homicidios que han pasado de 13,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 43 en 2023[1], posicionándolo entre los países más violentos de América Latina. Este alarmante escenario está directamente relacionado con el narcotráfico y el lavado de activos, dos motores de la economía criminal que generan un ciclo de violencia, corrupción y debilitamiento institucional. Frente a esta problemática, el sistema fiscal ecuatoriano, liderado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), podría ser un actor clave en la lucha contra la criminalidad, pero su potencial ha sido desaprovechado.

El narcotráfico y el lavado de activos como ejes de la violencia

El narcotráfico actúa como el núcleo de una economía criminal que busca ocultar sus ingresos ilícitos mediante el lavado de activos. Esta práctica permite insertar recursos delictivos en la economía formal, asegurando la viabilidad económica de las actividades criminales. En Ecuador, el lavado de activos ha crecido de manera alarmante, puesto que, en 2021, se lavaron 3.500 millones de dólares, más del triple de lo registrado entre 2007 y 2016[2]. Esto no solo fortalece las estructuras delictivas, sino que también corrompe las instituciones públicas y afecta negativamente el desarrollo económico del país.

Además, el impacto social de estos flujos financieros ilícitos es evidente. Entre 2019 y 2023, los casos de extorsión crecieron un 193,8%[3], mientras que los homicidios intencionales aumentaron en más del 200%[4], lo cual evidencia cómo el narcotráfico y el lavado de activos alimentan un ciclo de criminalidad que degrada la seguridad pública.

Las fallas del sistema fiscal ecuatoriano

Pese a contar con herramientas avanzadas como la facturación electrónica, mayor tributación a transacciones domiciliadas en paraísos fiscales y la identificación de empresas fantasma, el SRI no ha logrado desempeñar un rol efectivo en la lucha contra las economías criminales. Entre 2023 y el primer semestre de 2024, el SRI inició 650 procesos judiciales por delitos tributarios, pero más del 97% fueron archivados en la fase de investigación previa. Lo que sugiere la imperante necesidad de contar con una institución especializada en la investigación de delitos económicos tributarios que trabaje a la par con el Servicio de Rentas Internas.

Además, la dependencia exclusiva de la información auto reportada por los contribuyentes limita la capacidad del SRI para identificar irregularidades de manera autónoma, puesto que, aunque las transacciones nacionales están registradas electrónicamente, no se realiza un análisis preventivo eficaz. Además, la falta de coordinación entre el SRI y otras instituciones como la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE) agrava este problema, dejando al sistema tributario sin un enfoque estratégico para combatir el lavado de activos y otros delitos conexos.

Lecciones de un sistema fiscal exitoso: El caso de Estados Unidos

El modelo del Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS CI) de Estados Unidos ofrece una hoja de ruta para fortalecer el sistema fiscal ecuatoriano. Este organismo ha implementado estrategias clave como:

1. Cooperación interinstitucional: El IRS CI trabaja en estrecha colaboración con otras agencias para investigar delitos financieros relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
2. Unidades especializadas: El IRS CI cuenta con divisiones dedicadas exclusivamente a delitos fiscales y financieros, lo que garantiza una mayor efectividad en las investigaciones.
3. Análisis proactivo de datos: Mediante el monitoreo en tiempo real de transacciones sospechosas, el IRS CI ha logrado identificar 31.600 millones de dólares en ingresos ilícitos en 2023, con una tasa de condenas del 88,4%[5].

Estas prácticas no solo han reducido el impacto de las economías ilícitas en Estados Unidos, sino que también han fortalecido la confianza en las instituciones públicas.

Hacia un sistema fiscal como pilar de la seguridad en Ecuador

Para replicar este modelo, Ecuador necesita adoptar una serie de reformas estructurales:

• Crear un departamento especializado en delitos fiscales y financieros: Esto permitiría al SRI investigar de manera autónoma las transacciones sospechosas y detectar patrones de lavado de activos.
• Fortalecer la cooperación interinstitucional: La colaboración entre el SRI, la UAFE y otras entidades debe ser una prioridad para garantizar una respuesta integral al crimen organizado.
• Implementar análisis preventivos basados en datos: El SRI debe aprovechar la información que ya posee para identificar irregularidades antes de que se materialicen en actividades ilícitas.

Además, es crucial promover políticas públicas que combinen medidas fiscales, legales y sociales para atacar las raíces económicas de la criminalidad. Esto incluye mejorar la formalización del empleo, dado que más del 54,8%[6] de la población económicamente activa en Ecuador trabaja en la informalidad, un entorno que facilita el crecimiento de las economías ilícitas.

Conclusión

El sistema fiscal ecuatoriano tiene el potencial de ser un pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado, pero esto requiere un cambio de paradigma. Transformar al SRI en un actor clave contra el lavado de activos y el narcotráfico no solo fortalecería la seguridad pública, sino que también promovería una mayor justicia social y económica.

La violencia no es solo un problema de seguridad, es también una cuestión económica y fiscal.

David Villarreal Mena

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[1] Hassan, T. (2023). Ecuador Events 2023.

[2] CELAG (2023). Cuánto dinero se lava en el sistema financiero ecuatoriano. Una aproximación desde las cifras macroeconómicas.

[3] Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2023). Tipologías y resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Casos de Extorsión Empresarial.

[4] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2024). Estadísticas de Seguridad Integral.

[5] Internal Revenue Service. (2021) IRS: CI ANNUAL REPORT 2021.

[6] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2023). Empleo en el sector informal.