Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 435, de 23 de octubre de 2024, publicado en el Registro Oficial Nro. 676, de 5 de noviembre de 2024, se disponen algunas medidas en contra de la minería ilegal:

1. Se dispone al Ministerio de Energía y Minas; al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a la Agencia de Regulación y Control Minero, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, coordinar acciones para identificar minería ilegal, realizar operativos para su vigilancia, control, combate y neutralización; así como el inicio de sanciones administrativas, civiles y penales en el ámbito de sus competencias.

2. El Ministerio de Energía y Minas, MAATE, Agencia de Regulación y Control Minero y otras entidades relacionadas actualizarán en 6 meses, el catastro minero y el registro de los permisos ambientales para actividades mineras para facilitar las acciones de control de las instituciones competentes.

3. Aquellos bienes, maquinas, equipos, vehículos, e insumos utilizados para toda actividad relacionada con la minería ilegal serán objeto de decomiso especial, incautación, inmovilización y destrucción.

4. Se crea el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero – CONIM[1], para la coordinación interinstitucional de (i) la evaluación de riesgos y oportunidades del sector minero y (ii) cualquier acción necesaria para contrarrestar la minería ilegal y sus efectos.

5. El CONMI realizará lo siguiente: (i) desarrollar y aprobar la metodología para la evaluación nacional anual de riesgos y oportunidades del sector minero; (ii) desarrollar y aprobar un informe anual de evaluación nacional de riesgos y oportunidades del sector minero en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Minero; (iii) desarrollar el Plan de Acción Estratégico e Interinstitucional para afrontar los riesgos hallados y mejorar los resultados de la evaluación nacional de riesgos y oportunidades; (iv) monitorear y evaluar cada 6 meses los resultados parciales del Plan de Acción Estratégico; (v) diseñar y recomendar políticas públicas, acciones, reformas normativas y otras herramientas para ejecutar el Plan de Acción desarrollado por el CONIM; (v) coordinar con las entidades competentes en minería la planificación y ejecución de actividades y operativos conjuntos en contra de la minería ilegal; (vi) promover la actualización del marco legal y reformas normativas  para implementar las mejores prácticas internacionales e incentivos para la minería responsable; (vii) promover mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan el acceso e intercambio de información y toma de decisiones para contrarrestar la minería ilegal y el control de la actividad minera en el país; (viii) elaborar y actualizar permanentemente un catastro conjunto que abarque aspectos mineros, ambientales, tributarios, societarios y otros para un efectivo control de las actividades mineras; (ix) coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) la adopción de medidas y controles de acuerdo con sus competencias; y (x) revisar y analizar la información elaborada por la Comisión para el Control de la Minería Ilegal creada en el 2011.

6. Se dispone al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional, actualizar de manera permanente la identificación, ubicación e inventario de bienes o infraestructura perteneciente o utilizada por grupos armados organizados para minería ilegal, para que los miembros del CONIM inicien las acciones que les corresponda.

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Esta información es un resumen de novedades jurídicas de interés, y por tanto no podrá ser considerada como asesoría provista. Cualquier inquietud, comunícate con el equipo de AVL Abogados.

[1] El CONMI estará integrado por la Secretaria General de Integridad Pública de la Presidencia de la República, quien lo presidirá; el Ministerio de Energía y Minas, quien ejercerá la Secretaría Técnica; el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Defensa Nacional; el Ministerio de Gobierno; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; el Servicio de Rentas Internas; y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Tendrán voz pero no voto la Agencia de Regulación y Control Minero; el Servicio de Aduana del Ecuador; el Centro de Inteligencia Estratégica; y el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

El Presidente de la República podrá solicitar la comparecencia de otras instituciones del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y personas jurídicas o naturales para coordinación y cooperación.